Ciencia y productividad
coordinadora de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo
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Susana Jiménez
El cultivo de la ciencia tiene un indudable impacto cultural y socioeconómico. La investigación científica es necesaria para la formación de profesionales, la innovación, la competitividad y el diseño de políticas públicas. En Chile los recursos destinados a la I+D no superan el 0,4% del PIB, mientras que el promedio de la OCDE sextuplica esta inversión. Si bien contamos con una comunidad científica con importante proyección internacional y con numerosos programas gubernamentales e iniciativas privadas, es claro que falta camino por recorrer.
A la fecha ha habido una serie de propuestas para aumentar la apuesta por la ciencia en el país, las que tienden a centrarse en la creación de un nuevo Ministerio. ¿Será esta la forma de resolver el problema? La respuesta es más compleja, puesto que abarca simultáneamente el ámbito institucional, la academia y la empresa privada.
En materia institucional, es posible que no se requiera de grandes trasformaciones, sino más bien de articular adecuadamente las múltiples iniciativas existentes. En lo inmediato sería conveniente darle mayor jerarquía a Conicyt y sustituir su dependencia del Ministerio de Educación (que no tiene entre sus prioridades esta materia) a Economía, a fin de aumentar el impacto de la investigación en la productividad del país. Pero más importante aún es fortalecer los mecanismos de asignación de recursos, basándolos en los principios que guiaron la creación de Fondecyt; es decir, mediante concursos abiertos, competitivos y con evaluadores externos (chilenos y extranjeros), donde el único criterio de asignación sea la excelencia de la propuesta y la idoneidad de los investigadores.
En el ámbito académico, la formación en la ciencia y tecnología debe partir desde temprana edad con una participación activa de investigadores científicos en todos los niveles del sistema educativo. Las universidades tienen, por cierto, un rol insustituible para formar capital humano avanzado y cultura de innovación, lo que exige renovar los métodos de enseñanza para cerrar la brecha entre la investigación y las necesidades de los sectores productivos. Debiera además alentarse la creación de centros de investigación regionales que permitan mejorar la productividad sectorial, y fortalecer la incorporación de científicos en otras instancias, como cargos directivos de empresas y organismos públicos.
La actividad empresarial también tiene un rol clave. En Chile, a diferencias de otros países de la OCDE, la mayoría de los recursos proviene del sector público. Hay suficientes recursos en juego -Corfo ofrece una serie de programas de cofinanciamiento- a lo que se suma un mejorado incentivo tributario a la I+D. En consecuencia, lo mejor que puede hacer el Estado es velar por la competencia, vía incentivar la creación de empresas, reducir las barreras burocráticas y minimizar las cargas tributarias y regulatorias. A fin de cuentas, es en los mercados dinámicos y altamente desafiables donde se genera la necesidad de innovar y mejorar la tecnología existente a fin de no sucumbir ante la competencia.